INVESTIGACIN

NARCO CORRUPCIN. DE ESTOS POLVOS FUTUROS LODOS

Por Alba Rojo | Ilustracin Ana Yamila Palatnik

@TheAlbaRojo

 

Para atravesar los muros de Troya, el ejército griego no levantó un arma. Solo tuvo que regalar a su enemigo un caballo enorme de madera. Tres mil años después, el episodio ilustra cómo el narcotráfico vulnera la estructura del Estado para avanzar en su cruzada. En un bussiness que mueve más de 300 mil millones de dólares al año en el mundo, la Argentina es el tercer exportador de cocaína del planeta, según la ONU. El negocio da para mucho, y los narcos son generosos con quienes aceptan convertirse en grietas de las paredes que sellan la administración del Estado. El precio lo paga el más débil y se cobra en forma de muerte, vidas arruinadas, territorios desquiciados. La triple fuga navideña de los acusados por el triple crimen de General Rodríguez expuso buena parte de esta insólita relación. Pero en escenas menos televisadas se pueden ver con mayor claridad esos vínculos entre criminales y policías, entre los injustos y la justicia. Donde los buenos no son los buenos ni los malos son los malos. ¿Cúanto pueden resistir las paredes de un Estado antes de que sus grietas las derriben?



-¡Abran!-. El culatazo de un arma estalló contra la puerta de su casa en la Avenida Eva Perón. Eran las 7.40 de la mañana y Aides Sosa e Ismael Arias seguían acostados. Afuera, se agolpaban unos diez agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones DDI- de la Policía Bonaerense. Buscaban a la Boli y al Negro Chamil quienes, según ellos, recibían y vendían cocaína en la vivienda. Aides se dirigió a la puerta y trató de contener el terremoto que le atravesaba la mano para encajar la llave en la cerradura. El Parkinson ya se había amotinado contra ella.

-Tenemos una orden de allanamiento. 

-¿Allanamiento? Pasen. Por favor, no me despierten al chico, está en la habitación del fondo. 

Durante dos horas, los agentes revolvieron toda la casa. Aides exigió acompañarlos pieza por pieza, pero ni ella ni Ismael pudieron ingresar en su habitación durante el registro. Con el operativo a punto de concluir sin haber encontrado narcóticos, apareció un paquete con 26 papelitos glasé y dos cilindros con cocaína debajo de la cama matrimonial. Lo halló el oficial Juan José Soto, quien comandaba el allanamiento. Ismael asegura haber visto desde el living cómo el agente sacó la bolsa de debajo de su chaleco y la colocó. Aides e Ismael fueron detenidos. Se los acusó de fragmentar y vender cocaína.

A la misma hora y a cinco cuadras de ahí, en el pasillo Carlos Gardel de la villa 18 de Septiembre en San Martín, donde las balaceras suelen imponer su ritmo a la rutina, Claudia Ferreyra, Oscar Ponce y sus dos bebés dormían abrazados en la misma cama. Junto con dos placares, una estantería y un caballito de goma verde, era el único mobiliario de un espacio de 3x5m. La irrupción de la policía los despertó.

En la casa de al lado, el estruendo de una tercera puerta vulnerada se sumó al tango atroz que desafinó aquella mañana en Carlos Gardel. Antes de poder salir de la cama, Vanesa Bulacio y su hija tenían un arma apuntándoles al pecho. La niña tenía dos años. Los gritos de los agentes y de su mamá la hicieron estallar en llanto. En la habitación de al lado dormía Raúl, el papá de Vanesa. Minutos después llegó Yolanda Santana, la mamá. Cargaba un par de bolsas con comida. Los agentes le negaron el paso. Ella insistió en entrar.

Dos horas después, con el registro a punto de concluir con resultado negativo, entró a la vivienda el oficial César Daniel Melgar, uno de los responsables de la investigación que motivó los allanamientos. Nadie vio de dónde salió, pero aseguró haber encontrado un paquete con 146 papelitos glasé con cocaína. Ni el agente que escribía el acta sentado a medio metro del lugar de la supuesta aparición- ni sus compañeros, habían visto el bulto antes. Vanesa gritaba, fuera de sí, cuando su papá sintió una presión en el pecho y un dolor agudo que se extendía hasta su hombro izquierdo. Estaba sufriendo un ataque cardíaco. Mientras su mujer y su hija eran trasladadas a las instalaciones de la DDI en 3 de Febrero, una ambulancia lo llevó hasta el hospital Dr. Diego E. Thompson.

No ayudó que Vanesa, como acreditó en el Juicio Oral celebrado en agosto de 2015, estudiara repostería. Harina, azúcar impalpable, levadura la Bonaerense se llevó todo para analizarlo. En el primer peritaje realizado por Gendarmería, las muestras elegidas al azar dieron positivo en cocaína y xilocaína una sustancia de corte para cocaína-. En el juicio, la perito reconoció que se había vulnerado la cadena de custodia: no presenció el acta de apertura de los sobres que contenían las muestras. En el segundo análisis, realizado por un perito distinto, se examinaron todas las sustancias secuestradas. Todas dieron negativo. En el acta de apertura del segundo peritaje estuvo presente Damián Odetti, abogado penalista especialista en narcotráfico que venía haciendo trabajo social en el barrio y al que recurrieron los familiares de los detenidos tras el operativo. Odetti se convirtió en el representante legal de casi todos los acusados. Él y el perito encontraron los sobres abrochados con broches de oficina. La cadena de custodia rige que deben estar cerrados y sellados.

 

 

 

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Esa misma mañana, a las 7.15 am, Noemí Giacianti caminaba por la Estación Tropezón, en Caseros, cuando un policía se cruzó en su camino: sería testigo de un megaoperativo en la villa 18 de Septiembre. Cuestión de azar, que es como la ley indica que deben elegirse los deponentes. Los agentes llevaban veinticinco minutos buscando a una mujer peruana en particular. No apareció, así que improvisaron. Con la maldita suerte de que Giacianti era Testigo de Jehová y, como tal, se sentiría obligada a decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad sobre los hechos que iría a presenciar.

Ya en la villa, la comitiva caminó hasta una pequeña casa en el pasillo Carlos Gardel. Una patada bastó para violentar la puerta cerrada sin candado. Adentro, una pareja joven y dos bebés dormían abrazados. Así los vio Noemí quien, junto con otro testigo, entró a la vez que los agentes. No es el protocolo habitual. Al vulnerar la vivienda de presuntos narcotraficantes se espera que estos puedan reaccionar de forma violenta y se evita exponer al testigo. Esta vez, entraron todos juntos. La bonaerense revisó el espacio y cerró el allanamiento sin haber encontrado nada. Pero un nuevo agente ingresó en la vivienda. Era Juan Norberto Córdoba, corresponsable de la investigación, quien exclamó: Acá está, ¡la encontramos!. Tenía en la mano una bolsa blanca opaca que aseguró haber hallado debajo de un caballito verde de goma. La bolsa contenía 28 cilindros de cocaína. Más que suficiente para que Claudia perdiera el control: ¡Ayúdennos por favor, ustedes lo vieron. Eso no es nuestro!. Le hablaba a Noemí, la atribulada Testigo.

Un mes después, el 12 de Octubre, Noemí declaró frente al secretario de la Unidad Funcional de Investigación -UFI- 16 de San Martín, la fiscalía a cargo de la causa: Entró un policía de afuera y fue directamente al caballito de juguete donde apareció la bolsa con la droga, que era blanca, de supermercado, y su interior no se veía. Antes de abrirla dijo Acá está, la encontramos. () Me parece que el secuestro fue colocado, porque antes otro oficial había levantado el caballito delante de mí y no había nada debajo. Por el tamaño que tenía el juguete, si la droga hubiera estado allí la primera vez, yo lo habría visto. En el Juicio Oral, Noemí sostuvo su testimonio.

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Ninguno de los detenidos durante aquel operativo en la Villa 18 el jueves 13 de septiembre de 2012 tenía antecedentes penales. Todos fueron imputados por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad tenencia para su comercialización agravado por la pluralidad de personas y llevados a comisaría. Claudia y Vanesa pasaron un mes presas, hasta que obtuvieron la prisión domiciliaria por tener hijos menores de cinco años. Raúl, Ismael y Aides permanecieron dos meses, hasta que les fue otorgada la excarcelación extraordinaria por salud. Yolanda, la mamá de Vanesa, estuvo presa siete meses, los últimos cinco, en la Unidad 33 de La Plata. Oscar Ponce permaneció encerrado más de dos años.

Claudia tuvo miedo de dormir sola cuando llegó detenida a la Comisaría de la Mujer de Villa Maipú. Vanesa y su mamá la aceptaron en su cama porque irradiaba calor. El operativo de la Bonaerense terminó por transformarlas de vecinas de barrio en una suerte de familia hasta el día de hoy. Raúl Bulacio debió pasar tres meses en el hospital, los dos primeros con custodia policial. Cuando uno de los agentes del operativo lo vio en el juicio oral, lo abrazó. Hasta ese momento, no sabía si había sobrevivido al infarto. Los vecinos del barrio organizaron marchas frente al Tribunal de San Martín. Mientras, la DDI y la fiscalía se atribuían públicamente la detención de una banda de narcotraficantes. En off, la versión de varios de los agentes presentes en los allanamientos era distinta: la causa estaba armada y sabían que los detenidos eran inocentes.

La policía afirmó que dos compradores previos habían motivado la investigación y los allanamientos. En el juicio nunca aparecieron, al igual que ninguna prueba gráfica o audiovisual, ni los supuestos testigos. La mayor parte de los oficiales del operativo no asistieron al debate oral. Los que declararon dijeron recordar muy poco, o no saber. El oficial Córdoba uno de los agentes que descubrieron sustancias- afirmó haber llegado a la villa, marcado las casas e irse. Testigos, acusados y sus compañeros aseguraron haberlo visto durante el operativo en los domicilios allanados.

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Hubo un registro más esa mañana. Fue en la Calle Chimborazo, en Francisco Álvarez, a 40 km del barrio. Según la investigación, su dueño, Leonel Herrera, proveía de mercadería a los detenidos del barrio 18 de Septiembre. Ni en la investigación ni en el juicio pudo confirmarse esta relación. Los agentes de la DDI, el fiscal José Miguel Guozden de la UFI 16 y el secretario de la fiscalía presentes en el allanamiento encontraron dos envoltorios cilíndricos de nylon con cocaína; tres con marihuana; una bolsa negra con más marihuana; armas de guerra con numeración borrada y sin licencia; proyectiles; más de $ 50 mil y cinco celulares, entre ellos un Motorola con SIM de Nextel, que resultó fundamental en la investigación posterior. Herrera fue notificado de una Infracción a la Ley por delito de Tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento. Pasó un día en comisaría. Poco después, su causa fue separada de la original.

No era Guozden el fiscal de turno de la jurisdicción de San Martín aquella mañana, sino Vilma Buglione, quien en un gesto insólito dejó el operativo en manos de su compañero. Guozden dio notificación del secuestro de los celulares y el dinero a las 9.45 am. No se hizo cargo de la droga y las armas, que dejó en manos del fiscal de turno de la Jurisdicción de Moreno, Federico Luppi, titular de la UFI 1, a quien los agentes tardaron dos horas en llamar -11.37 am-. Ante estas irregularidades, Luppi aceptó tomar intervención solo por las armas y no por los narcóticos.

La Fiscalía General de San Martín recibió una denuncia del Dr. Odetti, abogado de la mayor parte de los acusados de la villa, en la que solicitaba la incompetencia de la fiscalía para seguir con la investigación y en la que señalaba a Buglione y Guozden por la supuesta negociación de una coima: Durante el procedimiento ha habido una larga y fructuosa negociación entre el imputado con los policías y con presencia del Dr. Guozden y su secretario, que dio como resultado el pago de $ 30 mil para aliviar la carga procesal de Herrera. La suma la habría llevado a las 11.37 am un compañero de trabajo de Herrera en una Hilux Blanca. La información, aseguraba el letrado, se la había pasado uno de los agentes presentes en el operativo y el propio Herrera. La petición no fue aceptada. El Tribunal Oral en lo Criminal -TOC- 5 de San Martín aprobó la obtención de los registros de comunicación y localización geográfica de los teléfonos celulares hallados. Los resultados sostuvieron esa teoría. El mismo tribunal autorizó la comparativa entre las tizas -supuestamente distribuidas por Herrera- y los envoltorios que se encontraron en las casas de la 18. La composición química de ambos no coincidía: La sustancia fraccionada de los envoltorios no procedía de aquellas tizas.

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El Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta al movimiento, al control muscular y al equilibro. Se produce por la destrucción de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra del tronco del encéfalo, responsables de la producción de dopamina. Como resultado, aparecen temblor constante, rigidez muscular, lentitud y torpeza, entre otros síntomas como ansiedad. La enfermedad termina corrompiendo la rutina del paciente, al impedirle realizar tareas básicas como escribir, cocinar o tomar un vaso de agua.

El repiqueteo de la pierna derecha de Aides fuerza a su pie a tamborilear sin tregua contra el suelo. Como el paso descoordinado de un militar rebelde. Como una metralleta fuera de control. Está sentada, la sostiene un pañuelo de tela al que se agarra a dos manos. E Ismael, su compañero incondicional. También están su hija menor y su nieto, que hoy se ha apropiado del caballito verde de la discordia tapizado por los garabatos de las hijas de Claudia Ferreryra. Ella también está, y Vanesa Bulacio. Hay un pibe con la camiseta del Bara. En la espalda, el 10 de Messi. Es el chico que estaba en casa de Aidés el día del allanamiento. El hijo de un cartonero al que adoptaron hace años.

Tres años y medio después del día disruptivo, han aceptado reunirse con Playboy en casa de Aides, Para que se sepa lo que nos pasó. Aides se quiebra, como en el juicio, al recordar la respuesta de un agente cuando, durante el registro, un nene llegó a su casa para pedir leche: Eso no, pero si querés un gramo. Entonces era manzanera, distribuía la leche que daba el gobierno provincial a los chicos del barrio. La charla es una catarsis llena de lugares comunes. Y de particularidades: Perdí mi trabajo como encargada en una escuela, nunca lo recuperé; Cualquier ruido me despierta y me pongo lo primero que encuentro, por si se repite; Mis hijos viven con mi abuela, tengo miedo de que estén acá. La más chiquita no me reconoce como su mamá. Temen réplicas del sismo que agrietó su realidad.

 

En la Sentencia, los magistrados del TOC 5 califican la causa como La Gran Duda. Normal. Hasta hoy, muchas de las piezas del rompecabezas del caso no encajan, como por qué no aparecieron las pruebas gráficas, los compradores y testigos que dieron origen a la denuncia.

 

En agosto de 2015, el TOC 5 de San Martín dictó un veredicto absolutorio para todos los acusados bajo el Beneficio de la duda. Declararlos inocentes sin recurrir a esta figura habría sido señalar a policía y fiscalía. Sí consta en la Sentencia la orden de que se investigue la actuación de funcionarios, pero de un modo parcial y vago. En el documento, los magistrados califican la causa como La Gran Duda. Normal. Hasta hoy, muchas de las piezas del rompecabezas del caso no encajan, como por qué no aparecieron las pruebas gráficas, los compradores y testigos que dieron origen a la denuncia; por qué la Bonaerense buscaba en Caseros a una mujer en particular para que testificara; o por qué el agente que dijo encontrar la cocaína en casa de Claudia exclamó haberla hallado antes de abrir la bolsa opaca que la contenía; o cómo es posible que apareciera, a simple vista, debajo de un caballito de juguete que ya había sido revisado sin éxito.

Hay más piezas difíciles de hacer encajar, como el leve castigo que sufrió Leonel Herrera quien, según la hipótesis de la investigación, proveía cocaína a los detenidos de la Villa 18. Tampoco está claro por qué, durante el Juicio Oral, los magistrados se retiraron y unos minutos después volvieron para comunicar que no era pertinente que los testigos de la defensa declararan. Estos interrogantes aún no fueron resueltos. Los acusados esperan la resolución de la Cámara de Casación ante el recurso presentado por la fiscalía tras el veredicto exculpatorio. La UFI 9 de San Martín maneja una denuncia contra los fiscales Buglione y Guozden. Los agentes Melgar y Córdoba enfrentan una causa en manos de la UFI 7.

 

 

 

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Estamos en la cocina de una quinta en la Provincia de Buenos Aires. Frente a mí, un funcionario policial con décadas de experiencia y, desde junio de 2015, con pedido de detención activa. La Justicia Federal lo acusa de formar parte de una organización ilícita de agentes que cobraba a cambio de proteger a narcotraficantes en San Martín y 3 de Febrero. La causa se inició con la Operación Ceferino, en la que se realizaron allanamientos en Villa La Cárcova, donde fueron hallados búnkers de comercialización de una banda narco. Se investigaron escuchas y cruces telefónicos que probaban conexiones entre narcos y policías. José Víctor Gutiérrez, alias Primo, un presunto narcotraficante hoy preso y que según la Justicia Federal y este mismo agente actuaba como un empleado más de la DDI, fue clave. Varios policías aparecieron en su agenda durante el peritaje de su celular. También este oficial. A raíz de este caso, hay al menos cinco funcionarios presos, entre ellos el extitular de la Jefatura Departamental.

El celular del agente no deja de temblar sobre la mesa que nos separa. Él responde a cada mensaje. La calma se le escapa por las piernas, que se agitan en una frecuencia aguda. Está, pero no está. Es como tener delante a un atleta en la línea de salida un segundo antes del estallido del pistoletazo. Su mantra: Me entendés. Aunque proclama su inocencia en esta causa, no quiere presentarse en el Juzgado Federal hasta que le garanticen que será escuchado y que estará a salvo. Teme por su vida. Por eso decidió hacer pública su versión sobre la corrupción en la Provincia de Buenos Aires.

 

- Para que la fiscalía solicite una orden de allanamiento, lo ideal es que las fuerzas de seguridad presenten una prueba visual de la persona acusada vendiendo narcóticos. En la jerga, al supuesto comprador se lo conoce como previo y al intercambio como pasamanos. Tras haber presenciado un pasamanos, el agente debe seguir al previo y registrarlo. Si lo que recibió resultó ser droga, se puede pedir la orden. ¿En la práctica es así? 

- Al principio lo hacés así, pero después a los grupos operativos les piden laburo. Si lo hacés como corresponde, filmar o sacar una foto y averiguar quién es, te lleva 15 días. Entonces está el previo mentiroso. En vez de esperar a que venga alguien a comprar, agarrás a cualquiera (la experiencia te lleva a sacarlos por la cara). Si tiene una bolsita de marihuana o cocaína, decís que salió de comprar del domicilio que estás vigilando. Sabés que es mentira, pero declarás eso para pedir el allanamiento. ¿Por qué se hace?, porque te querés ir temprano, o te piden sacame allanamiento. Hay allanamientos que se guían nada más por el buche, sin investigación previa que lo constate. El buche te dice acá venden y los agentes, capaz que no lo certificaron, pero allanan. Si no encuentran nada, capaz que se la ponen, sí, seguramente se la van a poner, porque tiene que dar positivo. Es lo que está mal, eso sucede, no te digo que no. 

- ¿Qué porcentaje de allanamientos se realizan como corresponde? 

- Como corresponde, no hay ninguno hoy por hoy con la justicia ordinaria de la Provincia de Buenos Aires-. Con la Justicia Federal es distinto, porque te piden pruebas, laburo. Pero con la ordinaria en algo siempre se miente. Si alguien vende dentro de su casa, es imposible ver el pasamanos. Entonces, ponés que salió a la calle y justo llegó alguien y le compró. Esto se hace en complicidad con la fiscalía, vos le decís o a veces la misma fiscalía te dice ¿Por qué no declarás que salió afuera y vendió?. Según el Juzgado de Garantías, no le piden tantas pruebas al fiscal para ordenar el allanamiento. Hay juzgados que sin pruebas no te lo dan, entonces capaz que esperás a otro día para denunciar. 

- ¿Sucede que se allanen casas de inocentes, de gente que no tenga nada que ver? 

- Sí, pasa. Cuando allanás, sí o sí tenés que encontrarle droga al tipo para que quede detenido. Si no hay, el juzgado te lo libera, o se la ponen. La mayoría de las veces le ponen droga a quien tiene que ver con el mundo del narcotráfico o anda en la cagada. Hay allanamientos en los que sabés que no andan en la droga, pero declarás que vende. Lo allanás, pero es para sacarle una moneda. No es que le ponés droga, porque si no, queda preso. A esto lo llamamos Rulo. 

- ¿Hay otras formas de sacar dinero en los allanamientos? 

- Está el vende humo: hago un allanamiento y sé que vendés vos y que tu marido no, y te digo, poné plata para que zafe tu marido, aunque yo ya sé que él va a quedar en libertad, porque a la que tengo filmada es a ella. Está la otra, te allané, te encontré droga y decís: te lo saco negativo y dame tanta plata. Y se quedan con la droga. Yo lo vi, a veces me callé la boca, de última no es tu allanamiento. Tenés mil maneras de hacer plata. 

- ¿Cómo funcionan las estadísticas, los resultados que se espera que obtengan los agentes? 

-Tenés que superar todos los meses un número de allanamientos que marca la Superintendencia. A veces va el director y te dice Te tiene que salir positivo. No es lo mismo para la estadística de la policía pedir un allanamiento, allanar y no encontrar droga, que encontrar. La estadística se basa en detenidos y en droga. Obviamente, se infla. 

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La tarde del 1 de noviembre de 2011, un grupo de agentes de la Delegación de Investigaciones de Drogas Ilícitas de San Martín dirigidos por Oscar Caviglia allanó la casa de Karina Pacheco en Villa Mercado, 3 de Febrero. Durante el registro, se incautaron 8.3 gramos en 22 envoltorios de marihuana. Eran suyos, Karina lo reconoció. Con el operativo casi cerrado, un nuevo oficial ingresó en la vivienda y encontró un tercer bulto con 174 gramos en una habitación. Los testigos no presenciaron el hallazgo. Karina y su familia aseguran que los agentes lo plantaron y que las extorsionaron a cambio de excluirlo del acta de allanamiento. Tienen una grabación que lo demuestra: una prima de Karina registró la negociación con su celular escondido en el corpiño. En ella, aparecían las voces de dos agentes. El peritaje de la Policía Federal confirmó que una de las voces pertenecía a Caviglia.

El desencadenante del operativo habían sido varias llamadas anónimas al 911. Además, una supuesta investigación policial reveló la existencia de dos compradores previos, uno de ellos acreditado por el testigo José Víctor Gutiérrez, alias Primo. Tanto el agente prófugo por su presunta vinculación en la Causa Ceferino, por la que Gutiérrez está detenido hoy, como la Justicia Federal, aseguran que se comportaba como un agente de la DDI: participaba en investigaciones y procedimientos, buscaba testigos, realizaba llamadas, efectuaba filmaciones y fotografías, armaba procedimientos y realizaba detenciones. El segundo supuesto comprador, Carlos Ezequiel Mingo, tenía cuatro causas vinculadas con estupefacientes cajoneadas en el momento del juicio, en Octubre de 2014.

El juez de la causa Nicolás Schiavo consideró que existía motivo para presumir intención de venta. Karina Pacheco estuvo presa 8 meses y hoy está libre, pendiente de un nuevo juicio. El TOC 6 de San Martín suspendió el primero a la espera de la resolución de la causa de los agentes acusados por corrupción, que investiga la UFI 8 de San Martín y está a cargo del juez Lucas Oyhanarte. Los oficiales Caviglia y Fernández están en libertad bajo fianza. Hoy, Caviglia es el número dos de la Superintendencia de Investigaciones de Drogas Ilícitas de San Isidro. Se negaron a ir a rueda de reconocimiento y los testigos tuvieron que identificarlos por fotografías antiguas en blanco y negro. Reconocieron a Javier Fernández como el segundo agente que negoció la coima. La película favorita de Caviglia es Hombre en llamas, porque demuestra la corrupción del sistema y la imposibilidad de escapar a eso, según le argumentó a la perito del caso de Karina; La de Fernández, El secreto de sus ojos, por lo bien que describe la corrupción policial.

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El entramado en torno a los allanamientos es solo una de las actividades de las organizaciones ilícitas escondidas en la estructura de las fuerzas de seguridad. Estos grupos funcionan como empresas con departamentos y una jerarquía inviolable. Un exagente de la SIDE, con veinte años de experiencia en operativos antinarcóticos y cuya identidad será protegida, describía a esta periodista la maquinaria: El jefe de policía de la zona tiene que recaudar dinero para el jefe de policía mayor, y éste debe repartirlo con otros. ¿Cómo se alían? El narco les ofrece trabajar para él, la opción es la muerte. Pasa en todas las villas; El Dr. Odetti sostiene que la comisaría de la zona recibe un canon semanal. Depende del barrio, pero suele ir desde $ 50 mil a $ 100 mil. La torta se la reparten entre la Brigada de Estupefacientes, la DDI y el Jefe Departamental, que trabajan con las fiscalías de estupefacientes.

 

Según un agente con pedido de detención activa: La plata que se junta de los jefes del narcotráfico de cada dependencia va para arriba. Yo sabía que todos los lunes mi director tenía que llevar la plata, porque me lo contaba él.

 

Lo mismo aseguraba a finales de 2014 un comisario de Asuntos Internos de la bonaerense con 30 años de carrera -No digas mi nombre, en este mundo te matan por cinco lucas-. Una semana después de nuestra charla, los medios nacionales recogían la destitución de varios agentes de la comisaría del Gran Buenos Aires que señaló. Hablaba de un narco en particular: Siempre ha tenido la protección de la policía. El jefe local recoge el dinero, se lo pasa al jefe zonal, que se lo pasa a Jefatura. Los agentes de a pie no ven ni un peso, pero si contradicen las órdenes, les cortan la cabeza. En todas las villas es igual, los que venden ponen plata. Si la policía quisiera, la cortaría. El comisario señaló a la Policía Bonaerense, la Federal y los Comandos de Patrulla Ciudadana. Las cifras, desde $ 50 mil hasta $ 150 mil para cada uno de los organismos. En total, $ 500 mil.

Según el agente con pedido de detención activa: La plata que se junta de los jefes de narcotráfico de cada dependencia va para arriba. Yo sabía que todos los lunes mi director tenía que llevar la plata, porque me lo contaba él. Y especifica: En San Martín, toda la vida se cobró la Villa 9 de Julio, la 18 de Septiembre, y la de los Paraguayos, la Korea y La Cárcova. En la 9 de julio, ponele que pongan $ 80 mil, $ 100 mil por mes. En la 18, lo mismo. En la de los Paraguayos, ponele $ 50 mil. Tenés $ 250 mil en villa, sin contar los boliches. Hay cámaras y siguen vendiendo como si nada. El narco te decía No me metan preso a ningún bolsero transa- más y les pago tanto.

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En mayo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria -PSA- allanó la Procuración Bonaerense en el marco de una causa que investiga al suspendido fiscal de San Isidro, Julio Novo, acusado de frenar investigaciones contra narcotraficantes. El 1 de abril, el Ministerio de Seguridad descubrió 36 sobres con $ 150 mil en la Jefatura Departamental de La Plata de la Bonaerense. En cada sobre estaba rotulado el lugar y el delito por el que se había recibido el dinero. Las autoridades sospechan que se reunía un total de $5 millones por mes. Tres oficiales fueron desplazados de su cargo. El máximo responsable de la dependencia, Darío Camerini, está imputado.La fuga y posteriores maniobras de distracción de los tres detenidos por el Triple Crimen de General Rodríguez vinculado al tráfico de Efedrina, se sabe, habrían sido imposibles sin la colaboración de sectores de las fuerzas de seguridad. Son algunos ejemplos. La lista de oficiales indagados o detenidos por narcocorrupción en Córdoba, en Santa Fe, Salta, en la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires sigue siendo escrita.

El narcotráfico mueve us$ 320 mil millones al año en el mundo. El último informe anual de las Naciones Unidas sobre drogas ubicó a la Argentina como el tercer proveedor mundial de cocaína, detrás de Brasil y Colombia. Suficiente para hacerse una idea del avance del narco en el país. El gobierno actual ha presentado la Ley de Emergencia, que destina $ 1.600 millones para invertir en la lucha contra el narcotráfico que se volcarán sobre todo en la frontera. Hay más datos que preocupan: se sabe de la presencia de carteles colombianos, mexicanos y peruanos en el país; se sabe queen 2008 la Argentina protagonizó un boom de importación de efedrina, colocándose en el tercer lugar del ranking mundial. Ezeiza es el segundo aeropuerto del cono sur, detrás del de San Pablo, con mayor salida de cocaína a Europa. La Sedronar estima que el narcotráfico le cuesta al país us$ 1000 millones, cerca del 0.2% del PIB.

Según la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico con datos de las fuerzas federales y provinciales-, desde 2003 hasta 2010 la incautación de cocaína se elevó para estabilizarse de 2011 a 2014 entre 10.500 kg y 11.500 kg -la cantidad de procedimientos disminuyó en los últimos años. Respecto al consumo, la Sedronar registró un incremento del 766 % entre 2004 y 2006 y una disminución del 62% desde ese año al 2008. Según las Naciones Unidas, se duplicó entre 2000 y 2010. La incautación de marihuana ascendió desde el 2005 hasta el 2014, año en el que se secuestraron más de 140 mil kg. Según las Naciones Unidas, el consumo de marihuana se triplicó desde 2000 hasta 2010. Entre 2011 y 2015, el decomiso de drogas sintéticas aumentó 2000 veces. En 2014 se secuestraron más de 670 mil unidades. No existen informes más actualizados.

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El dinero que pagan los narcos incluye un combo de servicios. El objetivo, operar con libertad. Las formas de protección varían. Algunos oficiales solo reciben dinero para dejar vender. Otros avisan cuándo va a haber allanamientos o cuidan el territorio. En algunos casos, la droga secuestrada en operativos antinarcóticos termina en manos de los narcos acreditados en las filas del diezmo.

Cuando dos bandas ansían el mismo territorio, los barrios se convierten en campos de batalla. Pero, para demostrar la existencia de una lucha territorial, las fuerzas de seguridad deben relacionar delitos. Si no, los acontecimientos quedan registrados como una seguidilla de hechos sin conexión. La Fiscal General Mónica Cuñarro, especialista en narcotráfico, lleva haciéndolo al menos diez años. En 2006, con su colega Carlos Rívolo, presentó una denuncia en la que relacionaban más de veinte causas en las villas 1.11.14 y Rivadavia I y II. Acusaba a las fuerzas de seguridad de encubrir al crimen organizado.

 

 

 

En 2006, en la 1.11.14 la batalla se libraba entre los peruanos Aliozo Rutillo Ramos Mariños Ruti- y Marco Antonio Estrada Marcos-, que hoy sigue siendo el rey de la villa. La escalada de violencia culminó el 29 de octubre con el famoso episodio de La Masacre del Bajo Flores, en el que murieron cinco personas durante la procesión de la Virgen de los Milagros. Los enfrentamientos se trasladaron a Rivadavia I y II. Cuñarro y Rívolo reunieron indicios para demostrar una nueva ola de crímenes y señalar a Los Soliz, Los Pibes Chorros y Los Quebrados como las bandas que se disputaban el control de la zona. Acá, el punto álgido de la violencia fue una balacera de 40 minutos que escuchó todo el barrio. La Policía Federal llegó con el tiroteo terminado. El saldo, un detenido por portación de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad. En los informes policiales no se nombra el enfrentamiento, ni sus motivos o la existencia de dos bandos. La realidad que todo el barrio conocía- era que se trataba de un ajuste de cuentas. La denuncia de Cuñarro fue determinante: La policía ocultó el verdadero trasfondo al omitir decir que se trataba de un enfrentamiento entre dos bandos. La responsabilidad trasciende la de los funcionarios policiales que labraron el sumario y de la investigación se determinará hasta dónde llega esta responsabilidad () Los policías intentan desvincular esto con el tráfico de drogas.

En el documento, la fiscalía insiste en esta connivencia: No son hechos aislados, forman parte de una batalla por el control de un territorio propicio para el tráfico de estupefacientes que se puede llevar a cabo sin mayores trabas con la tácita anuencia o participación de las autoridades que tienen a cargo la seguridad de los ciudadanos. Y sigue: ¿Puede ser que desde 1997 no se haya realizado ninguna actuación de inteligencia previa que permita vincular estos hechos con la asociación ilícita de grupos para la venta, comercio o distribución de drogas? () Seguramente la respuesta a estos interrogantes es NO. Lo saben, y los funcionarios omiten proporcionar los datos necesarios para que se investigue y se devele- el trasfondo y la causa madre de estos hechos. Al fraccionar los hechos, o las causas, u omitir la vinculación de elementos de prueba, se ocultan los elementos vitales para desentrañar la trama y que, de conocerlos, permitiría neutralizar y prevenir este flagelo.

Mirar hacia otro lado, proteger al mejor postor, recolectar el dinero y trazar su ruta en estricto orden jerárquico, ocultar pruebas, implementar investigaciones cuestionables u obviarlas-, pagar información con droga. Y la alevosía de los rulos, los vendehumo... las formas de concretar registros irregulares son tantas y están tan instaladas que la jerga terminó por clasificarlas. Los hombres a los que obedecer a menudo no usan uniforme, o lo visten como disfraz de impunidad. En la cuneta, los débiles, los giles, los que, de ser narcos, serían los narcos más pobres del mundo. Claudia Ferreyra, la dueña de la casa del caballito verde donde la policía aseguró encontrar droga, no pudo ubicar las epopeyas en la geografía europea. Pero, durante nuestra charla en casa de Aides, de la nada, como impulsada por una intuición que no registró, arrancó a hablar de mitología griega. Se acordó del Caballo de Troya. De cómo varios soldados entraron en la ciudad fortificada escondidos en él. No se le ocurrió pensar que la mañana en la que un grupo de agentes transgredió la frontera de su calma con una orden de allanamiento bajo el brazo, ella se convirtió en uno de los personajes de las narraciones que la fascinan: Los hombres nos cazarán, los dioses nos maldecirán. Lo dijo Paris, príncipe de Troya.

 

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